Estimados Cros. de la UNLaM:
Con respecto a los correos y campañas que circulan para entorpecer el trabajo del CENSO 2010, he aquí algunas puntas que es importante entender a la hora de defender el asunto:
El Censo nacional de población hogares y vivienda es un mandato constitucional (Arts. 45 y 47 CN) indispensable, para determinar la cantidad de representantes de los ciudadanos en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales y municipales.
El censo se realiza cada 10 años, en los años terminados en 0, conforme a las pautas establecidas por la ONU, a la cual este año adhieren alrededor de 60 países, además de la Argentina.
La implementación del censo se encuentra descentralizada, quienes se encargan de llevarlo a cabo son las respectivas provincias a través de las Direcciones Provinciales de Estadística, y éstas dependen del Poder Ejecutivo local. Los datos obtenidos en cada provincia y municipio serán de utilidad tanto para la propia jurisdicción, como para la Nación en su conjunto. Estos datos constituyen un insumo fundamental para la implementación de las políticas públicas de los próximos tres perí
odos de gobierno nacional, provincial y municipal, más allá del color político que tengan.
Es por eso que se trata de una cuestión de Estado y no de gobierno.
La Nación hará un enorme esfuerzo para contar cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, en qué trabajamos, cuál es nuestro origen y cómo migramos, definir las tasas de crecimiento, mortalidad, educación, el acceso a tecnologías de información y comunicación, et
c.
Este esfuerzo implica no sólo la inversión de millones de pesos que el Estado realiza, sino la movilización de 650.000 censistas, la mayoría maestros que, con gran dedicación tocarán todos los timbres del país (en muchos lugares golpearán las manos).
Se utilizarán millones de formularios que completarán uno a uno y a mano, todos los censistas del país en sus respectivas provincias; formularios que, por otra parte, serán leídos por lectoras ópticas y procesados por programas de uso internacional avalados por los organismos estadísticos de los principales países del mundo.
En esta idea, boicotear el censo es boicotear la Constitución Nacional. También es restringirle la representación democrática a las nuevas generaciones que se incorporaron a la vida ciudadana en los años precedentes.
Por otra parte, es negarle a los próximos tres gobiernos de las distintas jurisdicciones la posibilidad de contar con información de base para la implementación de políticas públicas, así como también afectará sensiblemente, y por 10 años, a todos aquellos que tendrí
an que ser sujetos de las mismas en materia de salud, educación, trabajo, migraciones y vivienda. Los inversores privados, por su parte, tampoco contarán con suficientes herramientas para decidir sus negocios.
Hace más de dos años que están trabajando en el censo no sólo los cientos de trabajadores que tienen el Indec y las 24 Direcciones Provinciales de Estadísticas del país, sino los ministerios, institutos y universidades nacionales. A ello se suma cel trabajo de cientos de miles de censistas, de las organizaciones de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y personas con discapacidad, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y desde ya la buena predisposición de los millones que vivimos en Argentina. La verdad, que semejante esfuerzo nacional merece al menos el respeto hacia quienes ponen su empeño en ello.
Agradecería que pudieras difundir la presente, que es para bien de la Nación y no del gobierno. El Censo es una política de Estado, que debería estar al margen de la política partidaria y de las intenciones aviesas y mezquinas de quienes anteponen sus intereses de corto plazo a los destinos de nuestro país.
Saludos cordiales.
Si leyeron hasta acá, entenderan la importancia de difundir esto. Gracias por su tiempo!
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